Prohibido prohibir

El 6 de febrero se cumplían 100 años del nacimiento del 40º presidente de los EE.UU. de América. Aunque a este lado del Atlántico no sepamos apreciarlo, puede que su logro más significativo fuera tomar la delantera en la batalla de las ideas y conseguir un cambio de paradigma en el discurso político transformando la plena confianza en el “big government” en un sano escepticismo ante toda iniciativa gubernamental.

Este giro retórico podría, debería, acontecer en España y es probable que acabe imponiéndose en un período de tiempo más corto que largo. No estoy diciendo que la última arbitrariedad gubernamental, “prohibición TOTAL” de fumar en los locales abiertos al público aunque sean de “titularidad privada”, vaya a lograr por sí solo desequilibrar la balanza aunque si tomamos algo de perspectiva y añadimos el brutal descrédito de la casta política acabaremos concluyendo que, visto su historial y credenciales, lo lógico es que el ciudadano medio comience a renegar de las pretensiones “dirigistas” de papá-estado.

Al fin y al cabo, un ente coactivo como el Estado justifica su existencia con la continua expansión de regulaciones y prohibiciones en pos, presuntamente, del bienestar de sus ciudadanos, o quizá convendría decir súditos. Y es que la pretensión por parte del poder político de velar por la moral pública no es algo propio del “antiguo régimen”. En su denuedo por librarnos de malos vicios, el poder ha declarado ilegales una serie de drogas que han pasado a engrasar las finanzas de mafias internacionales, mantiene en la ilegalidad oficios ancestrales como la prostitución y más recientemente, por el “bien del planeta”, pretenden poner fuera de la ley la comercialización de bolsas de plástico, bombillas incandescentes y quién sabe si se atreverán, conste que en Noruega ya se ha planteado, con el motor de combustión interna.

Sin embargo, la cuestión va más allá de la prohibición de productos o actividades concretas. Hoy consideramos normal que el gobierno sólo permita la edificación en aquellos terrenos que hayan sido expresamente autorizados por él mismo, permitiéndose fijar hasta el número de alturas de las construcciones. Dejando a un lado las corruptelas inherentes a la agilización de los trámites asociados, esta limitación de la oferta conlleva un alza artificial de los precios de los inmuebles que, por supuesto, las autoridades siempre adjudican a los “especuladores”. Otros “especuladores” podrán intuir que la demanda creciente de ciertos países justifica un incremento del precio de las materias primas pero las “bienintencionadas” autoridades siempre intentarán “protegernos” dictando precios máximos y restricciones en los  mercados de futuros lo que desincentiva la producción, agrava la escasez y logra lo que pretendía limitar, un nuevo incremento en los precios. Precios, por cierto, nominados en una moneda fiduciaria impuesta por el gobierno y emitida en régimen de monopolio por una “empresa pública” conocida como banco central, que además puede “imprimir a discreción” al no estar respaldada por ningún activo monetario como el oro o la plata, ejemplos de dinero históricamente aceptados. Añadámosle a lo anterior el privilegio bancario de la reserva fraccionaria y tenemos el cóctel responsable de las recurrentes crisis económicas que sacuden al mundo occidental desde hace décadas.

Tras todo lo dicho, uno puede sentirse abrumado ya que supone poner en cuestión buena parte del sistema en el que estamos “plácidamente” asentados pero si de los que se trata es de resolver los problemas que realmente nos afectan deberíamos recordar otra de las ideas de Reagan y coincidir con él en que el gobierno no es la solución a nuestro problema. “El gobierno es el problema” .